TODOS SON RESPONSABLES

Contraloría y el MEF no han cumplido tampoco con fiscalizar recursos
Escribe: Llamil Vásquez Valencia
La Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también son responsables indirectos de la corrupción existente en casi todos los gobiernos regionales del Perú (entre ellos, el de Áncash), indicaron representantes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE). Y es que estas entidades, además del Poder Judicial y del Ministerio Público, no han cumplido con su función de fiscalizar el uso de los recursos presupuestales y las transferencias por concepto de canon minero a los gobiernos regionales desde la época del segundo gobierno de Alan García.

Carlos Arana, responsable de Políticas Públicas y Gestión Descentralizada de REMURPE, expresó en un diálogo que su gremio desconfía de que el gobierno de Ollanta Humala tenga la voluntad de realizar una adecuada reforma para mejorar el proceso de descentralización que el primer gobierno de Alan García puso en marcha sin una base técnica.
Para el especialista, el actual mandatario busca asociar la descentralización con la corrupción, y así lograr un mayor empoderamiento y tener más influencia política en las regiones. “Los gobiernos nunca han tenido la voluntad de descentralizar, pues implica ceder poder y recursos. Los presidentes buscan congraciarse con las provincias a través de programas sociales en el marco de una perspectiva política”, recalca expresando pesimismo.
En ese contexto, Arana comenta que “si el presidente Humala quiere realizar una verdadera reforma en la descentralización debe hacer que el Estado llegue a todas las regiones a través de la salud, la educación, la seguridad ciudadana y la defensa. De lo contrario todo es simplemente un discurso para salir del paso”.
No dejó de destacar que el gobierno de Alberto Fujimori eliminó el plan de descentralización aprista, al restringir la competencia de los municipios a través de los Comités Transitorios de Administración Regional (CTARs) y tener una mayor presencia en las regiones a través de una serie de programas sociales. “De esta manera, las regiones seguían dependiendo económicamente de los ministerios”, concluyó.
Recordó que el presidente Alejandro Toledo también intentó una reforma al promulgar en julio de 2002 la Ley de Bases de la Descentralización Nº27783, que contemplaba la fusión de regiones previo referéndum y la desactivación de las CTARs de la era de Fujimori. El plan de Toledo incluía constituir el Consejo Nacional de la Descentralización.
La instalación del referido Consejo en marzo de 2003 iba a ser la culminación de la primera etapa del proceso de descentralización planificado por su gobierno. El organismo tenía la finalidad fundamental de conducir y ejecutar el proceso de transferencia de competencias y recursos a los gobiernos regionales y locales, además de coordinar los planes de desarrollo nacional, regional y local, así como la asistencia técnica y financiera no reembolsable en materia de concesiones e inversiones, entre otros.
«Estaremos vigilantes contra todo intento de utilización de la descentralización para fomentar el caos y la desunión entre los peruanos», sostuvo en dicha oportunidad Toledo sin presagiar que su plan iba a naufragar. “Muchos presidentes regionales se opusieron a la creación de macro regiones y el tema se quedó en el limbo hasta ahora”, recalca el especialista de la REMURPE.
CRITICAN SHOCK APRISTA
Arana afirmó que si bien es cierto que García en su segundo gobierno impulsó el llamado “shock de la descentralización”, al acelerar la entrega de competencias y funciones a cada gobierno regional, criticó que esta fue una medida política astuta para ganarse el favor de los presidentes regionales. “El gobierno aprista nunca otorgó a las regiones las capacitación necesaria para que cuenten con una adecuada competencia en el campo de la administración. En el fondo se mantenía la estructura de la CTARs de los tiempos del fujimorismo”, sentenció.
En ese sentido, destaca que el plan del gobierno aprista se vio favorecido con la dación de la Ley N° 28322, que modificaba los artículos de la Ley de Canon N° 27506, en 2004, para las regiones. “Justo un año antes de la asunción de García a la presidencia, el 2005, se incrementaron también los precios de los minerales y las ganancias de las empresas”, explicó.
No está demás decir que esta norma establece que el 50% del impuesto a las empresas mineras deben ir a las arcas de las regiones que cobijan centros de extracción de minerales. De ese 50%, el 25% iba al gobierno regional, el 25% a la provincia donde se explota, el 10% al distrito donde está el yacimiento, y el 40% iba a todos los distritos de la región.
Gracias a esta ley, según el especialista de la REMURPE, el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez, logró obtener desde el 2007 la cantidad de nada menos que S/. 8,000’000,000. “Es imposible que la Contraloría y el MEF no supiesen cómo se usaron estos recursos. Esta situación me parece extraña, teniendo en cuenta que el MEF siempre habla de calidad de gasto al autorizar la entrega de una partida presupuestal”, indicó.
También no se olvidó de mencionar que el MEF ha demostrado que puede congelar las cuentas de un gobierno regional en caso de detectarse irregularidades. Puso como ejemplo el caso del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, a quien le congelaron las cuentas cuando estalló el conflicto social por el proyecto minero Conga.
En ese sentido, criticó el proyecto de ley de una superintendencia de vigilancia de los gobiernos regionales, puesto que “ya existen mecanismos de control a cargo de la Contraloría y el MEF. En cada región existe un contralor pagado por la Contraloría (…). El mismo ministro Luis Miguel Castilla ha declarado que el 30% de los ingresos son dilapidados por la corrupción y la malversación. Sin embargo, no se toman medidas”, recalcó.
PRESIDENTES REGIONALES SIN PREPARACIÓN
Al respecto, el congresista de Perú Posible y exconsejero presidencial del gobierno de Alejandro Toledo, Daniel Mora, en diálogo con este periodista,responsabilizó al gobierno de García de perjudicar el proceso de descentralización al dar demasiadas competencias a los gobiernos regionales sin tomar en cuenta que no estaban preparados para administrar, en algunos casos, ingentes recursos.

“El segundo gobierno de García eliminó el Consejo Nacional de Descentralización, implementado por Toledo, el cual era un elemento intermedio entre el gobierno central y los gobiernos regionales y una manera efectiva de otorgar asistencia técnica a las autoridades regionales”, afirmó al recordar que en su calidad de consejero de Toledo propuso la creación de regiones piloto para medir la efectividad de su gestión.
Mora recordó que el gobierno de Toledo propuso la creación de una macro región, conformada por Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, pero reconoció que ese plan fracasó pues solo contó con el apoyo de Arequipa. “El problema es que cada presidente regional se creía un presidente nacional y presentaban proyectos disparatados como estatuas de palomas y nombrar a sus esposas primeras damas. Ellos no estaban conscientes de ser parte de un proyecto de desarrollo nacional”, sentenció dando a entender cierta frustración e incomodidad.
Al referirse a los casos de corrupción en Áncash, Cerro de Pasco, Tumbes y otras regiones, Mora afirmó que “los organismos de control no han funcionado como debe ser y ese problema viene desde la época del segundo gobierno de García”.
“El problema de la gestión de García es que los sistemas de control no se fortalecieron al mismo tiempo que se otorgaban competencias en las regiones. Si la Contraloría hubiera contado con 50 auditores en Áncash, estoy seguro que se hubiera detectado el robo de 800 millones de soles en un periodo de tiempo. Eso demuestra una deficiencia palpable en el control”, explicó.
ES NECESARIO FORTALECER CONTROL

Carmen Omonte: “No podemos retroceder en el proceso de descentralización, pues el fin es dotar de mejor calidad de vida a todos los ciudadanos”.

Por su parte, la ministra de la Mujer Carmen Omonte, quien en octubre del año pasado, presentó como congresista un proyecto de ley de reforma del artículo 191° de la Constitución Política del Perú para la no reelección inmediata de presidentes y vicepresidentes regionales, nos declaró que apoya la iniciativa del presidente Ollanta Humala en relanzar el proceso de descentralización: “No podemos retroceder en el proceso de descentralización, pues el fin es dotar de mejor calidad de vida a todos los ciudadanos. Tampoco debemos olvidar que es necesario fortalecer los órganos de control y dotar de capacidades a las regiones, teniendo en cuenta que manejan los dos tercios del presupuesto nacional”.

Omonte destacó que las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica hayan conformado una mancomunidad regional en el sur del Perú. “Esta iniciativa permite abrir una luz de esperanza para llevar a cabo una adecuada descentralización y demuestra que su solución puede venir de ambos lados”, remarcó.

La actual titular de la Mujer concordó con Mora en que “el Apra liquidó el proyecto serio y técnico del plan de descentralización del expresidente Toledo al desactivar el Consejo Nacional de Descentralización” y criticó el llamado ‘shock’ descentralizador del gobierno aprista pues “delegó facultades a las regiones sin que estuvieran preparadas para realizar una adecuada gestión de los recursos”. “Ahora estamos afrontando los problemas derivados de un proceso que no otorgó la debida capacitación a las regiones”, agregó.


 

A más de dos años de iniciado el Programa de Acompañamiento y Seguimiento destinado a promover la mejora de la gestión de las contrataciones públicas en las entidades estatales, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) informó que, siendo voluntaria su participación, los Gobiernos Regionales de Amazonas, Apurímac, Ica y La Libertad no suscribieron los acuerdos respectivos para la ejecución de estas acciones en sus jurisdicciones.

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